Archivo digital de la revista marxista Nuevo Claridad

Balance del curso 2012/2013 del movimiento contra los desahucios y por el derecho a la vivienda.

El movimiento contra los desahucios ha alcanzado un crecimiento espectacular en estos últimos años. No tanto por ser un movimiento de masas, como por convertirse en un ejemplo para las mismas. De ser un movimiento casi desconocido, ha pasado a ser uno de los referentes de buena parte de la sociedad. Según todas las encuestas las reivindicaciones de la PAH cuentan con un apoyo aplastante, incluso después de las campañas de descrédito orquestadas por el Gobierno y sus distintos voceros.

El 2011, con la irrupción del 15M y un cambio de ambiente social evidente, fue un momento clave para la expansión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAH- y su campaña Stop Desahucios basada en la desobediencia civil frente a los desalojos. Sin duda, la parte más visible cuando grupos de vecinos organizan piquetes para impedir el acceso de las comisiones judiciales (estrategia que mantiene el movimiento). Pero si el 2011 fue la explosión, si el curso 2011/2012 fue el de la consolidación del movimiento contra la estafa inmobiliaria… Este curso 2012/2013 que termina ahora ha sido clave y sobre todo muy intenso.

Decretos y suicidios. La incapacidad del Gobierno

Empezaba el curso tras el fracaso constatado del llamado “código de buenas prácticas” aprobado meses antes. Una normativa de libre adhesión por parte de las entidades bancarias que según el Gobierno y la prensa afín fomentaba los acuerdos de dación en pago y suponía el fin del problema. Nada más lejos de la realidad. La dureza de los requisitos, así como la falta de voluntad de la banca para con aquellos que los cumplen, dieron unos resultados ridículos. Unas pocas decenas de ciudadanos disfrutaron de acuerdos de dación en pago en virtud de este decreto. Cifra muy inferior a los cientos de acuerdos logrados por los afectados a través de la movilización popular.

En el inicio del curso, la PAH anuncia que prorroga el plazo para entregar las firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular -ILP-. Aunque parece seguro que se logrará el objetivo de superar el medio millón de firmas, la Plataforma decide intentar superar el millón de firmas.

En noviembre empiezan a saltar a la luz los suicidios que están provocando los desahucios y que hasta entonces habían sido silenciados. José Miguel, Amaia… Fueron los primeros nombres de un reguero de muertes que aún continúa. Se calcula que más de 130 personas murieron en 2012 por causas directamente atribuibles a los desahucios.

En medio de aquel ambiente de finales de 2012, el Gobierno anuncia y aprueba (con el apoyo de UPyD) un nuevo decreto llamado “de moratoria”, aunque también conocido como “Decreto Guindos”. Un decreto que parecía dictado por la patronal bancaria. Los voceros del régimen, y los más ilusos, dan de nuevo por “arreglado” el problema de los desahucios. El decreto establece una serie de duras condiciones que de cumplirse dan derecho a quedarse en la casa al afectado durante dos años. Eso sí, perdiendo la propiedad de la vivienda igualmente y sin solución alguna a la deuda impagable que arrastran las familias afectadas. El Gobierno como si de una lata de refresco tirada en el suelo se tratara, simplemente le da una patada para encontrársela tres metros más allá.

La ILP llega al Parlamento. El escrache se extiende en la calle

En febrero entra la ILP al Parlamento. Finalmente se pulverizan las previsiones y se entregan casi un millón y medio de firmas para apoyar la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios. Si bien eran pocas las esperanzas en que el PP tramitara la ILP, la presión social y los desgraciados acontecimientos que precedieron al debate (cinco compañeros se quitan la vida en los días previos) obligan al PP a admitir a trámite la ILP.  El anuncio del cambio de  posición de un PP arrinconado pese a su mayoría absoluta solo se realiza pocas horas antes de votarse.

La situación es explosiva y ya nadie descarta nada. La intervención de Ada Colau en una de las Comisiones del Parlamento llamando criminales a la patronal bancaria y prometiendo señalar a los cómplices de mantener la actual Ley Hipotecaria, aumenta el eco de la propuesta y las simpatías entre la población. Días después de la admisión a trámite, el 16 de febrero, miles de personas salen a la calle en decenas de ciudades para apoyar las tres medidas de la ILP. El movimiento anuncia que aumentará la presión y señalará a los diputados que una vez admitida a trámite la propuesta normativa votaran contra la evidente voluntad popular. Comienza la campaña “Hay vidas en juego”. Se establece una estrategia de envío masivo de cartas y mails. Se realizan vídeos en las que afectados se dirigen directamente al Presidente. Las redes sociales se llenan con la consigna #ILPoEscrache.  Y es que el Escrache (señalar en la calle a los responsables) fue uno de los métodos de lucha adoptado por la PAH para denunciar públicamente a quienes teniendo en sus manos cambiar una ley profundamente injusta parecían optar (y optaron) por despreciar la oportunidad.

Ni toda la maquinaria del Gobierno, ni todos sus medios afines (que son casi todos) pudieron erosionar el apoyo masivo tanto a las reivindicaciones como a los métodos de lucha adoptados por las plataformas. La campaña del Gobierno acompañó el descrédito con centenares de sanciones administrativas (e incluso procesos judiciales) que no lograron echar atrás a los afectados y activistas que presionaron a los diputados del PP hasta el último momento.

El Gobierno desprecia la ILP. Otra reforma de artificio

Ya a finales de 2012, miles de escritos de paralización fueron introducidos de forma organizada por los afectados en los juzgados. Uno de los argumentos era la inminente sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que constatará después la contradicción entre la normativa española y las directivas europeas (en este caso de defensa de los consumidores). La sentencia producida finalmente en marzo señala las clausulas abusivas (generalizadas en las hipotecas realizadas durante los peores años de la burbuja inmobiliaria) y pone encima de la mesa la necesidad de un cambio de la Ley Hipotecaria española.

El Gobierno decide entonces -despreciando la ILP- cambiar todo para que nada cambie. La reforma de la Ley será denominada con el desgraciado nombre de “Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”. La aprobará el PP en solitario y no incluirá en la misma ni una sola de las propuestas contenidas en la ILP. Una norma de nuevo insuficiente que parece redactada por la patronal bancaria. Como los anteriores decretos, esta reforma terminará siendo un bluf que no soluciona ni de lejos el maremoto de procesos de ejecución que asola el país. Las pequeñas mejoras introducidas quedan desvirtuadas al no responder a las necesidades reales de las decenas de miles de personas que ya están ejecutadas o están a la espera.

Profundizar la desobediencia civil y la movilización

Las PAH y Stop Desahucios son un movimiento de base, que acertadamente recorre todos los caminos posibles para buscar una solución a las ejecuciones hipotecarias y sus trágicas consecuencias. Es un movimiento de resistencia, pero como ha demostrado capaz de poner encima de la mesa propuestas claras y precisas. En paralelo a la desobediencia civil activa frente a las leyes criminales que amparan al sistema bancario, se han utilizado todas las estrechas vías que ofrece este régimen pretendidamente democrático.

Este curso es la constatación de la incapacidad, no ya sólo del Gobierno, sino sobre todo del propio sistema para canalizar las propuestas de la sociedad. El desprecio a la ILP y al clamor contra los desahucios, la negación por todas las vías… Demuestra que no quedan ya caminos que recorrer en esta angosta democracia para quienes luchamos por garantizar el derecho a una vivienda digna. El camino recorrido deja desnudo este régimen, y demuestra que los “derechos constitucionales” fueron y son papel mojado.

Las ocupaciones de oficinas, los piquetes, las campañas, las negociaciones colectivas… Se han mostrado mil veces más eficaces a la hora de garantizar el derecho a la vivienda y a una nueva oportunidad, que toda la maquinaria del estado.

En consecuencia, las Asambleas de coordinación estatal hicieron un llamado a la profundización de la desobediencia civil y el mantenimiento de la movilización. La dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de desahucios siguen siendo los mínimos irrenunciables de las PAH y en consecuencia de las campañas Stop Desahucios. Sin duda, estas medidas serían un alivio necesario para las decenas de miles de familias afectadas por las deudas impagables, los embargos y los desahucios.

La Obra Social de la PAH

De la misma forma que decidimos resistir de forma activa frente a los desahucios amparados por la criminal Ley Hipotecaria, y constatado que no podemos confiar en el Estado para que revuelva la situación, se decide en las asambleas estatales fortalecer la Obra Social de la PAH. Esta campaña se inició en septiembre de 2011 en Barcelona, pero es ahora cuando está demostrando todo su potencial.

La campaña pretende recuperar viviendas y bloques vacíos en manos de la banca o de las administraciones. Si el Gobierno es incapaz, si el Estado y sus leyes están al servicio de la banca, no queda otro camino que poner en la práctica nosotros mismos aquello que reclamamos. No hay otra forma de que esto avance.

El proceso de realojos en Cataluña cuenta -en el momento de escribir este artículo- con 13 bloques de viviendas en manos de los afectados de las PAH, en  Sevilla se han extendido Las Corralas (ya son 12 bloques), en Canarias hay procesos de realojos… Y en el resto del estado ya se están creando grupos de trabajo para poner en marcha la Obra Social.

Aragón no ha sido excepción

Aragón no ha sido una excepción. La campaña con distintos formatos se ha extendido por buena parte de la geografía. Cinco Villas, Baixo Aragón, Teruel, Uesca, Tarazona, Casetas, Chacetania, Zaragoza… Cada vez más comarcas y localidades cuentan con plataformas de afectados. En recientes fechas se realizó la primera reunión de Plataformas de Aragón con la intención de coordinar esfuerzos, extender la solidaridad y poner en marcha iniciativas conjuntas. En septiembre habrá un nuevo encuentro del que seguro salen noticias interesantes.

El final de 2012 fue el comienzo de las Asambleas masivas en Zaragoza. Las falsas esperanzas en los decretos del Gobierno y la falta de información empujan a la gente hacia las plataformas. Más de 100 personas desparramadas en los locales de la FABZ. Sala principal, aulas… Casi cualquier espacio es aprovechado para reunirse.

Movilización sostenida

Se mantienen las movilizaciones, los recorridos bancarios para apoyar procesos de negociación, se mantiene la asesoría, se consiguen acuerdos… Es imposible relatar todas las concentraciones, actos, acuerdos satisfactorios… Pero como olvidar el 8 de noviembre de 2012, cuando cientos de personas paralizan el desahucio de Ancy a manos de BBK/Kutxabank en Las Fuentes. Otro episodio reseñable fue el masivo piquete bajo el nombre de “hoy no se estafa” organizado por Stop Desahucios -con múltiples apoyos- en la Huelga General del 14N y que paraliza la actividad bancaria en el centro de Zaragoza. En línea con la sentencia del Tribunal de Luxemburgo (y pese a los plazos trampa de la ley redactada por el Gobierno) se organizó la oposición por clausulas abusivas para pedir que las estudien los juzgados.

Empujados por la necesidad de poder atender a todos los nuevos compañeros en las Asambleas de los lunes (que son ante todo una asesoría colectiva), se crean asambleas por entidad para agrupar y preparar líneas de actuación colectivas frente a los bancos.

De este proceso nace la idea de empujar una negociación colectiva con CAI/Caja3. Entidad que acumula una buena parte de los procesos de ejecución que se amontonan en los Juzgados de Zaragoza y que hasta entonces negaba cualquier posibilidad de interlocución con la Plataforma. El 7 de marzo la Asamblea de Afectados de CAI/Caja3 ocupa de forma temporal las oficinas centrales de la entidad en el Paseo Independencia para pedir la apertura de negociaciones y paralizar los procesos de ejecución abiertos contra más de 30 familias. La entidad niega cualquier vía de diálogo o garantía y ordena el desalojo que es realizado por la Policía Nacional. CAI/Caja3 denuncia por  “ocupación y coacciones” a 52 compañeros. La presión social, además del archivo por parte del juzgado nº5 de la causa, consiguen abrir un proceso de negociación que a la hora de escribir estas líneas continúa abierto.

Escraches

Los escraches llegaron a Aragón. El 9 de abril varias decenas de afectados y activistas se concentran en las inmediaciones del domicilio del diputado del PP Eloy Suarez en Zaragoza. El 14 de abril la PAH de Teruel hace lo propio en Cella en el domicilio de Santiago Lanzuela (también diputado del PP). Lanzuela denunció y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Teruel archivó. En Zaragoza tras explorar la vía penal -que jalea el Fiscal General del Estado-, la Delegación del Gobierno impone sanciones a los conocidos como “Los 51 de Zaragoza”. En total se calcula que las sanciones suman 11.500 euros. Actualmente se está a la espera de respuesta a las alegaciones presentadas, mientras se mantiene una campaña de apoyo.

Hambre de Vivienda

Y para cerrar el curso compañeros de BBK/Kutxabank (entidad con un alto número de procesos de ejecución y sin lugar a dudas la más arrogante con sus clientes cuando estos no pueden pagar la hipoteca) deciden realizar una Huelga de Hambre de una semana. A la que se unen otros compañeros de entidades como Bankia o La Caixa, de la Asamblea Inter-bancos de Stop Desahucios. Durante una semana se instala un pequeño campamento frente a la oficina de Kutxabank en Plaza Aragón. La campaña que se denominó “Hambre de Vivienda” se extendió durante unos días hasta lograr compromisos de interlocución. Lógicamente, la Asamblea Inter-bancos está vigilante de los resultados y prepara nuevas campañas y movilizaciones si estos no llegan.

Nada que perder, todo por ganar

Como pequeño balance de la experiencia de este curso nos queda claro que el movimiento contra los desahucios y por el derecho a la vivienda tiene, desgraciadamente, condiciones materiales para extenderse en el tiempo. La magnitud de la estafa hipotecaria, unida a la cantidad indecente de desahucios de alquiler (una tendencia imparable) y la imposibilidad en cada vez más casos de tener acceso a una vivienda harán que la gasolina que mueve las PAH y Stop Desahucios no se agote.

Lejos de la palabrería oficial, los procesos de ejecución hipotecaria continúan sucediéndose en los juzgados. Y solo la presión y la organización popular ha logrado frenar los desalojos. De hecho hay miles de familias esperando fecha de lanzamiento (desalojo), entre ellos muchos compañeros de nuestras asambleas. Otros -los menos-, pudieron acogerse al decreto de moratoria de Noviembre de 2012, así que es una incógnita que ocurrirá con ellos una vez llegue mayo de 2015. Esta es la fecha prevista para el fin de la moratoria tras la publicación de la última reforma del Gobierno.

La perspectiva -creo que compartida por la mayoría de compañeros- es la necesidad de continuar con la lucha de trincheras caso por caso, desahucio a desahucio… Pero pasando al mismo tiempo a la ofensiva utilizando la Obra Social de la PAH, las negociaciones colectivas y la movilización sostenida frente a las entidades bancarias (ocupación de oficinas, concentraciones, mesas informativas, recorridos…) como punta de lanza.

Hemos agotado una a una todas las vías del llamado “Estado democrático, social y de derecho”. El decorado multicolor termina donde empiezan a ponerse en peligro los privilegios de una miserable minoría de la sociedad. Al mismo tiempo, como movimiento no podemos asistir ciegos al conjunto de agresiones y problemas sociales que nos rodean. Los desahucios forman parte de una realidad directamente relacionada con el paro, la pobreza, el cierre de pequeños negocios… Además, queremos viviendas, pero también trabajar, sanidad, escuelas, facultades, bibliotecas, espacios deportivos… O simplemente comer en condiciones. Así se demuestra como fundamental, pese a su complejidad en la práctica, la confluencia de los sectores en lucha. Ya se han dado muchos buenos ejemplos en este sentido, pero hay que profundizar y fortalecer la organización popular.  El reto es construir un programa común con las principales reivindicaciones de cada sector movilizado y ser capaces de organizar un movimiento general de lucha por cumplirlos. Y este programa lo queramos o no, pasa por expropiar a los expropiadores. Recuperar viviendas, tierras o medios productivos. Luchar y crear poder popular. No es retórica, es una necesidad histórica para la mayoría de la sociedad.

Pablo Hijar (activista de Stop Desahucios Zaragoza). Para AraInfo

Publicado en el Especial Luchas en primera persona de Arainfo