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Del Estado centralista a la libre determinación y la propuesta federal

Aportación colectiva, presentada en la Presidencia Federal por Alberto Arregui

Al igual que en el cuerpo humano, al declinar, los viejos achaques resurgen convirtiéndose en males crónicos, la profunda crisis del sistema capitalista reabre todas las viejas heridas que nunca cicatrizaron.

De todas esas fracturas de antiguas batallas, la cuestión nacional representa, junto con la crisis económica, el punto más débil de la estabilidad del Estado burgués español y, por supuesto, del régimen político establecido en el pacto de la Transición.

Dicho pacto, que abrió una nueva etapa política llena de promesas y de rupturas con la dictadura, dejó, sin embargo sin resolver tres de los problemas más graves de nuestra sociedad. Uno de ellos solo lo abordaremos aquí tangencialmente, a pesar de que tiene también una relación directa con el problema: el borrado de la memoria histórica de la represión franquista.

Qué mejor, que citar a uno de nuestros más queridos poetas: “El problema se halla en cómo se hizo la tan admirada Transición. Aquí no se cambió nada. No hubo Revolución de los Claveles. Nuestra Transición no tenía ningún contenido. Mantuvieron a los mismos jueces que me juzgaron a mí; los policías que me torturaron, aunque jubilados, seguían en nómina; el Tribunal Supremo continuaba siendo el mismo que durante el franquismo. No fue un camino libre para los valores democráticos. Para mí, la Transición fue como una broma con la que se disfrazó de otra cosa la fuerza del capital y de la derecha. Hubo impunidad para todo y seguimos tragando impunidad.” Marcos Ana “Vale la pena luchar”, página 79.

Por supuesto, y este fue el segundo déficit, el poder económico no sufrió el menor inconveniente en su dominio; no sólo las relaciones de propiedad permanecieron intactas sino que se pergeñaron rápidamente los Pactos de la Moncloa para frenar la ola de luchas que habían traído en su espuma la Transición. El pacto social, se convertiría, hasta hoy –con breves interrupciones– en la doctrina oficial sindical.

Mientras tanto, en más de tres décadas, nunca se ha desarrollado la garantía jurídica de los derechos sociales que la constitución monárquica dice defender.

Y la tercera pata del banco fue el acuerdo de defender “la unidad sagrada de la patria”. No sólo, pero especialmente en su artículo 2 (“unidad indisoluble de la patria”), el 8 (que atribuye al ejército la defensa de esa “integridad territorial”) y el 155 (la amenaza directa, a través del Senado, a los territorios díscolos), el texto constitucional supone no un camino hacia el federalismo, sino la declaración inequívoca de que el federalismo de libre adhesión, y el ejercicio del derecho de autodeterminación quedan expresamente excluidos. La libertad de los pueblos y, por tanto, las libertades democráticas, son incompatibles con la constitución del 78. No es que el texto se haya agotado tras 35 años, es que, en este terreno, nació cegado.

No nos cabe duda de que la Transición fue una oportunidad perdida para dar solución al conflicto nacional que más o menos latente o explícito nos ha acompañado a lo largo de los últimos siglos de la historia de la formación del Estado español.

Es impresionante el empeño que puso la derecha, el conjunto de la burguesía española, en dejar bien claro que “la patria común e indivisible de todos los españoles” era eso: indivisible.

La monarquía aparecía así vinculada a esa garantía de unidad, apoyada por el Senado y el ejército. Todo un entramado para impedir el derecho a decidir de los pueblos que componen el Estado español.

No deja de ser curioso, en ese contexto, la disposición transitoria 4ª, que respecto a Navarra si preveía una opción de lo que podríamos llamar “autodeterminación limitada”, abriendo la opción hipotética de un referéndum en dicho territorio con la opción de formar parte de la Comunidad Autónoma Vasca. Era un cuestión de correlación de fuerzas, no podían dejar fuera a Navarra sin más, y revelaba, entre otras cosas, la manipulación de los enfrentamientos generando el “navarrismo”, que no es sino el españolismo con otro nombre, frente al vasquismo, al igual que hicieron con el “valencianismo” frente al catalanismo.

Pero la exclusión del derecho de autodeterminación y de cualquier vía al federalismo en la constitución de 1978, llevó a que fuese rechazada por el pueblo vasco en el referéndum al efecto. La herida quedó abierta, y por ella se ha sangrado mucho en estos años.

El llamado Estado de las Autonomías no era una vía peculiar hacia el federalismo, sino precisamente lo contrario: un entramado diseñado para impedir un estado federal. Al tiempo que se hacían concesiones al autogobierno, especialmente en el caso de Euskadi y Catalunya, sembraban el camino de trampas: la negación directa de la posibilidad del derecho de autodeterminación en la constitución, la separación de Navarra, el estímulo del navarrismo, del valencianismo, la institución del Senado (estrechamente controlado por la corona en la primera legislatura y con un sistema electoral más tramposo aún). Y, por otro lado, se ponía en práctica la política que se conoció como la de “café para todos”, al establecer un mapa de regiones autónomas que sólo alcanzaba aspectos de descentralización administrativa, pero que pretendía diluir la fuerza de las reivindicaciones históricas de Euskadi, Catalunya y Galicia.

Notas históricas

Esta obsesión de la burguesía española por “la patria una”, tiene, desde luego una explicación histórica, con fundamento en intereses materiales. Algo imprescindible de conocer, pero sin olvidar nunca que no se trata de una discusión de historia muerta, sino que lo determinante para que un pueblo determinado exista es, sencillamente su conciencia como pueblo. Conciencia que, sin duda, estará reforzada con la existencia de un idioma propio, de una historia, una mitología, una cultura.

La formación de los Estados modernos, de las patrias, de las naciones, es un fenómeno indisolublemente ligado al ascenso de la burguesía como clase dominante en la sociedad. Claro que la nación, el concepto de ciudadanía y otras muchas ideas modernas surgieron de la mano de la burguesía revolucionaria, pero no debemos olvidar que, en todos los casos, esa burguesía revolucionaria (desde Inglaterra a Estados Unidos, o Francia) fue desplazada por la reacción thermidoriana que, en todos los casos, sólo mantuvo la envoltura de la revolución pero profundizó todos los medios para tener un estado fuerte a costa de reprimir cualquier derecho, sin reparar en ningún método. Por un lado volviéndose contra la clase obrera que le amenazaba en sus propios países, y por otra parte estimulando un nacionalismo dominante que se expresó en dos fenómenos en muchos casos simultáneos: la represión de cualquier diferenciación nacional dentro del territorio de ese Estado y pasando a esclavizar, con el colonialismo primero, con el imperialismo después, a todos aquellos pueblos que eran sometidos. Así, la historia de los siglos XIX y XX es, en gran medida la historia de la formación de las naciones, de la represión de las nacionalidades, de las conquistas y de las guerras por el reparto del planeta. También, qué duda cabe, la historia de las revoluciones.

“Si el dinero, como dice Augier, “viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla”, el capital lo hace chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies” (K. Marx, El Capital – acumulación originaria– pag 950 Editorial Siglo XXI)

La formación de las naciones responde a una necesidad histórica inherente al desarrollo del capitalismo como sistema económico dominante, ya que el Estado nacional que elimina las barreras feudales genera la base para dar satisfacción a dos necesidades vitales del capitalismo: la formación del terreno adecuado para el desarrollo de su economía, y un Estado fuerte capaz no sólo de garantizar el dominio interno como clase sino también la lucha por el reparto del mundo.

El Estado nacional es el terreno más cómodo, corriente y ventajoso para el desenvolvimiento de las relaciones capitalistas. «Pero en ningún país la dominación de la burguesía es posible sin la independencia nacional—afirmaba Federico Engels—. Por eso, la revolución de 1848 debía conducir a la unidad y a la independencia de las naciones que hasta entonces no las habían conquistado: Italia, Alemania, Hungría. Polonia les seguirá». La idea de la nación, va ligada pues, a la tarea revolucionaria de la burguesía. 

El nacionalismo actual ya no es la expresión de una burguesía pujante que necesita el marco adecuado para el desarrollo de las fuerzas productivas. Hace mucho tiempo que el marco nacional es un paso estrecho para las necesidades de una economía planetaria. Es el resto de un conflicto del pasado. El nacionalismo de las naciones sin Estado, de los pueblos oprimidos, existe en la medida en que es la respuesta a un nacionalismo rancio y reaccionario de las naciones dominantes. El desprecio a las lenguas y culturas de las minorías, la dificultad cotidiana para emplear la lengua propia ante la administración, o por ejemplo la prohibición de hablarlas en las Cortes españolas, o detalles, que para los habitantes de la nacionalidad dominante pasan desapercibidos, como la prohibición de selecciones deportivas o las campañas de boicot al cava catalán, y tantas otras ofensas diarias, son el estímulo del sentimiento nacionalista. 

Pero también sabemos distinguir, dentro de esas nacionalidades oprimidas, los sentimientos legítimos, que compartimos, a favor del derecho a decidir, del derecho a la lengua y la cultura, de los intereses de las respectivas burguesías nacionalistas que lo que pretenden es convertirse en explotadoras privilegiadas de sus propios pueblos, utilizando en su beneficio estas reivindicaciones.

Claro que el conflicto que explica la explotación y la falta de recursos económicos es un conflicto de clase, pero también existe y es de vital importancia, un conflicto de libertades democráticas, que debieran ser enarboladas por las organizaciones de la clase obrera. El conflicto de clase no excluye el conflicto democrático, más bien la lucha por los derechos democráticos, incluido el derecho de autodeterminación, es parte inseparable del programa de la lucha por la transformación socialista de la sociedad. Sólo defendiendo el derecho de autodeterminación demostramos que nos oponemos a cualquier tipo de dominación, de clase o nacional.

IU, no sólo comprende el ansia de libertad democrática expresada por los pueblos del Estado español,  sino que simpatiza con esos sentimientos que reivindican los derechos democráticos nacionales, especialmente el derecho a formar un país independiente, si así lo decide la mayoría de la población catalana, o la de cualquier otro pueblo.

El gobierno del PP, digno heredero de la tradición españolista-centralista del franquismo, desprecia la voluntad del pueblo catalán y la de todas las nacionalidades que, dentro del Estado español, aspiran a su autogobierno y a ejercer libremente el derecho de autodeterminación.

El derecho a decidir, que no es otra cosa que el derecho a optar por la independencia, entre las opciones de relación con los demás pueblos, es el requisito previo para optar a defender una federación de los pueblos que componen el Estado español. Incluso, aunque la opción adoptada por alguno de estos pueblos fuese la independencia, IU debería defender la opción de la federación o la confederación para el futuro.

La dialéctica de la historia

En una expresión irrefutable de la dialéctica, las fuerzas de la historia se convierten en su contrario: las dos poderosas palancas del desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado por la burguesía, se convierten en su contrario. Hoy, y desde hace tiempo, la propiedad privada de las fuerzas productivas y las fronteras nacionales son los más colosales obstáculos para el desarrollo de una economía planificada, fundamentada en el valor de uso, compatible con la naturaleza y que anteponga las necesidades sociales a las de una minoría de privilegiados.

No se debe confundir el borrar las fronteras con borrar a los pueblos, esta es una de las grandes dificultades de comprensión de la izquierda. Necesitamos la cooperación por encima de fronteras, las fuerzas productivas necesarias para satisfacer las necesidades de la humanidad no caben en las naciones creadas por la burguesía. Y, paradójicamente los derechos nacionales, como el idioma, sólo se pueden garantizar en una federación que ponga los recursos al servicio de la mayoría, a través del socialismo.

La financiación

Es sin duda el punto clave para que la autonomía o la federación sean reales. El autogobierno sin financiación es una broma de mal gusto. Y aquí es donde hemos vivido grandes tensiones y descomunales engaños, pues cada burguesía extiende el veneno de culpar a los demás pueblos de sus propios problemas, abusos e incapacidades. Nuestra respuesta debe ser clara y contundente: ¡¡Es el sistema!! En mucha mayor medida que el modelo territorial. No podemos aceptar el reparto de la miseria, ni la desastrosa idea, y falsa, de culpar unos territorios a otros. Es la clase dominante, tanto española como catalana vasca o andaluza y no los pueblos, quienes son culpables de los escasos recursos aplicados a los gastos sociales y en aspectos como la enseñanza y administración pública (claves para garantizar el uso libre del idioma, por ejemplo).

Si algo ha demostrado la presente crisis económica es que dejar el sistema financiero en manos privadas es como dejar una navaja de afeitar en manos de un mono borracho (y ladrón); el desastre, la escabechina, están garantizados. Sólo con convertir en acciones sobre la banca, todas las ayudas públicas destinadas a la banca, tendríamos un sistema financiero público, un Banco Central Federal y Cajas de Ahorro vinculadas a los diversos entes federados. Con ese punto de partida podemos enfocar el problema de la financiación desde una perspectiva de clase, pues aceptar los enfrentamientos territoriales es entrar en el juego de las burguesías. Es al revés: la capacidad de unirse tras esta reivindicación con una perspectiva de clase, es lo que puede hacer de las reivindicaciones democráticas de los pueblos un arma decisiva en el proceso de transformación de la sociedad, comenzando por dar un impulso enérgico al proceso constituyente.

Proceso Constituyente

Un cambio real, de modelo de Estado sólo cabe en un nuevo proceso constituyente. La Constitución monárquica es un marco muy estrecho en el que no hay lugar para el derecho a decidir. Los límites del sistema actual, el enrocado del régimen reforzando la represión y todos los aspectos más reaccionarios, no sólo nos ofrece una oportunidad sino que nos genera la obligación de luchar por la superación del actual marco constitucional. No se trata de una reforma, se trata de acabar con el actual régimen con un método que evitará la repetición de los errores de la Transición: la más amplia participación democrática en el proceso constituyente. Y en este terreno, es esencial que seamos capaces de utilizar la mayor baza que puede jugar IU, la de ser la única fuerza de ámbito estatal que defiende el derecho de autodeterminación de los pueblos. Ver esto como un inconveniente sería un error fatal, es una enorme ventaja, pues podemos ser el eje vertebrador del impulso de la alternativa de una libre federación de los pueblos que componen el Estado español.

Entre nuestra militancia y votantes, de hecho, existe diversidad en la opción de identidad nacional, es lógico y positivo y no debemos adoptar una política que la rompa. Es un punto a nuestro favor, y nuestra identidad de clase contra clase, lleva inevitablemente a una lucha contra las burguesías nacionalistas.

No hay contradicción, no es excluyente: la lucha por los derechos democráticos es parte inseparable de la lucha por el socialismo ¡esa debe ser la perspectiva! Y la lucha por el socialismo tiene en la reivindicación de esos derechos un gran aliado, pues sólo serán realizables plenamente en el contexto de una federación de los pueblos de Europa, lo que pasa, claro, por una libre federación de los pueblos del Estado español.

Pero no podemos “esperar al socialismo”, para esa realización plena, que atañe a todos los demás derechos democráticos: manifestación, prensa-expresión,… Por eso, sin perder de vista esa perspectiva no podemos tener una posición “conformista” ni una “doctrinaria”. Y para ello juega un papel determinante la posición política proclamada en la X Asamblea Federal de Izquierda Unida: Proceso constituyente.

Del Estado burgués, monárquico e insolidario, a un Estado federal, republicano y socialista. El proceso constituyente.

Podemos resumir, de forma esquemática, los principios que proponemos para regir la organización federal del Estado. Es una cuestión política y económica y sólo en tercer lugar de organización administrativa descentralizada.

Sabemos, que respecto a lo que planteamos a continuación, no todo lo vamos a conseguir al mismo tiempo. Algunas cosas costarán más que otras, o incluso se alcanzarán solo a largo plazo, pero nosotros no debemos renunciar de antemano a explicar la sociedad que queremos construir y por la cual luchamos. Es tarea colectiva diseñar los puntos transicionales que nos pueden ir acercando a transformar la sociedad en beneficio de la mayoría. La burguesía ya se encarga cada día de explicar las excelencias del statu quo, expliquemos nosotros como deberían ser las cosas en base a nuestros propios criterios.

1.Derecho de autodeterminación

2.Techos competenciales.

3.Derechos sociales básicos del Estado federal.

4.Justicia.

5.Cultura.

6.Consejo Federal.

7.Instrumentos básicos de la planificación económica.

1.Existen razones históricas para el autogobierno, pero la razón que por sí misma nos lleva a defender el derecho de autodeterminación es la voluntad expresada por un pueblo de ejercer tal derecho, algo que, en el caso de Euskadi y Catalunya, está de sobra probado.

Como hemos expuesto, la base de la solidaridad es que la unidad sea voluntaria y en pie de igualdad. La voluntad de los pueblos por unirse dependerá de que se les ofrezca un futuro esperanzador, tanto en los derechos democráticos como en los económicos y culturales. Esto no es contradictorio con que la izquierda defienda unos derechos sociales comunes y proponga la posibilidad de un acuerdo fiscal. 

2.En los techos competenciales, hay que tener en cuenta que el derecho a ser independiente incluye determinar libremente, en caso de optar por la unidad, el tipo de unidad que se quiere mantener. Lo esencial es mantener un órgano político común: tanto gobierno, como parlamento y Tribunal federal. Además la defensa y las relaciones exteriores. 

Por supuesto, las respectivas burguesías, española, vasca, gallega o navarra, sólo han visto en las reivindicaciones de los derechos democráticos la ocasión de obtener ventajas económicas particulares, amparadas en las legítimas aspiraciones de los respectivos pueblos. Una verdadera realización de los derechos democráticos y de la solidaridad entre los pueblos no podrá venir nunca de la mano de la burguesía.

No todos los estatutos adoptados tienen que ser iguales, no se trata de “café para todos”, sino que tienen que responder a las necesidades de cada territorio y a sus aspiraciones de identidad, que tampoco son iguales. Sin embargo, resulta esencial el mecanismo del “fondo de solidaridad interterritorial”, al cual se aportaría en función de la riqueza relativa de cada territorio. Nuestra consigna deber ser la lucha por acercarnos a que cada vez más: Cada Comunidad aporte según sus posibilidades y reciba según sus necesidades. En los impuestos no nos debe importar qué administración los recauda, sino cómo los recauda, sobre quién recaen, a qué gastos se asignan y quién los controla.

3.Los derechos sociales básicos, deben garantizarse en el conjunto del Estado federal. Supone la exigencia, no de una falsa igualdad estadística sino de unas conquistas sociales comunes a toda la federación en lo que se refiere a seguros sociales, jornada laboral, SMI, Sanidad, Educación… así como la ausencia de fronteras interiores. (Estos puntos se desarrollarán de acuerdo a la plataforma reivindicativa del programa de IU).

4.El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de cada CC.AA. debe ser el órgano máximo de justicia en cada territorio autónomo, tanto en el orden penal como civil, desapareciendo cualquier tipo de Tribunal especial como la actual Audiencia Nacional. Sólo se recurrirá al Tribunal Federal (TSJF), en asuntos que afecten a varios territorios o supongan una reclamación sobre protección de derechos constitucionales comunes. Todos estos TSJ serán elegidos por sufragio directo, y el TSJF por indirecto.

5.En cultura, el tema esencial es la atención a la lengua propia de cada territorio, consiguiendo su recuperación y, al mismo tiempo, evitando las discriminaciones laborales en uno u otro sentido. Todas las lenguas del territorio serán oficiales en todos los organismos públicos comunes al Estado federal. Se facilitará el derecho a usar el idioma propio, pudiendo dirigirse a la administración en cualquiera de las lenguas reconocidas, lo que de hecho supone la eliminación de la obligatoriedad de una lengua sobre las demás.

6.Consejo Federal. El Senado fue concebido como una Cámara que pudiese vetar las disposiciones del Congreso, si este se escapaba al control de la burguesía. Como referencia, podemos considerar el caso de la Unión Europea, a la que tantas referencias tendremos que hacer para crear una Europa de los pueblos y no de los mercaderes; ¡sería un absurdo proponer un sistema parlamentario bicameral para Europa! ¿Por qué defenderlo en el caso de una federación de los pueblos del Estado español? El Congreso jugará el papel legislativo en todo aquello que sea de ámbito federal, en las competencias exclusivas lo hará cada CC.AA., y para coordinar y llegar a acuerdos sobre los asuntos comunes bastará un organismo que puede ser de elección directa o de elección indirecta, es decir, a través de los respectivos parlamentos autónomos, y cuyas propuestas deberán refrendar los parlamentos afectados.

7.Como puede verse ésta no es una propuesta dirigida a convencer al PP, o a la Corona, ni tiene como objetivo un “Pacto de Estado”. Sino que supone un elemento inseparable del nuevo Proceso Constituyente. Es un programa dirigido a los pueblos que componen el Estado español, que propone la lucha, la presión, para alcanzar sus objetivos, ya que somos conscientes de que esa es la única vía para conseguir transformar la situación actual en un Estado federal realmente solidario, para lo que es necesario ganar el apoyo suficiente, el respaldo que pueda llevar a conquistar la transformación social. Para ello se convierte en punto esencial la política económica, la disposición de recursos que hagan posible una planificación democrática de la economía. 

Para poder introducir racionalidad en la economía y planificar los recursos es imprescindible que sectores decisivos estén en manos públicas, si no es así primará el lucro privado sobre las necesidades sociales. Por eso proponemos: Nacionalización de la Banca, las grandes empresas, los monopolios, las compañías de seguros y los latifundios, bajo control democrático, indemnizando sólo a los pequeños propietarios, para poner todos los recursos de la economía a trabajar en beneficio de la gran mayoría de la sociedad.

La posibilidad de planificar la economía aumenta los recursos sociales disponibles no en suma aritmética sino que multiplica su potencia dialécticamente, al igual que el trabajo en cadena no es la suma de los trabajos individuales, sino su aumento cualitativo. 

Los problemas superan las fronteras, la economía, la ecología… carecen de aduanas, no entienden de pasaportes. Los pueblos necesitan de la unidad para defender sus derechos, la clase trabajadora necesita la unidad que se deriva de sus propias condiciones de existencia frente a un sistema internacionalizado, por eso la cooperación de todos los pueblos que componen el Estado español, redundaría en beneficio de ellos mismos. Pero para ello es necesario dar solución a las dos mayores resistencias a este proceso: El recelo de estos pueblos a que su identidad se vea aplastada, y el egoísmo de las respectivas burguesías que quieren defender sus propios privilegios de clase. Los sentimientos nacionales entre el pueblo trabajador y entre la burguesía son dos cosas muy distintas. 

A esto sólo puede dar respuesta una alternativa que conjugue la propuesta federal con el programa para la transformación socialistas de la sociedad.

Nos oponemos al centralismo burgués. La descentralización acerca al pueblo la posibilidad de controlar las decisiones, que debe combinarse con la liberación tremenda del potencial económico racional que supondría la planificación democrática de la economía. 

No defendemos un Estado Federal para “salvar la unidad de España”, sino para dar satisfacción a las reivindicaciones democráticas y sociales.

Los gobiernos, el del PP, y antes el del PSOE, que gestiona los intereses de la burguesía española, hacen recaer la crisis sobre las espaldas del pueblo. Y en esa tarea que ha llevado al recorte de las prestaciones sociales, a 6 millones de personas en paro, al deterioro de la sanidad y la educación pública, el PP, el partido de la burguesía española, ha contado con la  colaboración de la burguesía catalana y vasca. Por eso desde IU proclamamos que el pueblo trabajador de todas las partes y nacionalidades del Estado español tiene unos intereses comunes frente a la burguesía, sea esta de donde sea.

Por lo tanto, defenderemos el derecho de todos los pueblos del Estado español, a decidir su futuro, incluida la independencia, pero al mismo tiempo, proponemos una lucha común de toda la clase obrera, de todo el pueblo, para derrocar al gobierno del PP y a sus aliados, y formar un nuevo gobierno que incluya en su programa urgente el ejercicio del derecho de autodeterminación, así como la nacionalización del sistema financiero y de las empresas claves de energía, comunicación y transporte.

Un programa que se comprometa al pleno empleo, a una vivienda para toda la población, sanidad y educación universal, pública y de calidad, así como la garantía de una jubilación digna.

Así la elección no será entre una Catalunya, Euskadi, Galicia… independientes dirigidas por la burguesía respectiva o mantenerse bajo el yugo del gobierno del PP, sino la opción de un país independiente, o mantenerse unidos, con el más amplio autogobierno posible, en el marco de una república que constituya una federación socialista. 

Apostaremos con toda nuestra energía porque ese proceso constituyente que se abriría con la derrota del PP, nos pueda conducir a construir, unidos, una federación que ponga la defensa de los derechos democráticos, destacadamente los de las nacionalidades, y los intereses del pueblo trabajador de todo el Estado español por encima de cualquier otro interés.

La unidad sólo puede ser la unidad voluntaria de los pueblos en pie de igualdad, construyendo una Europa de los pueblos, no de los mercaderes.

Una de nuestras tareas principales es convencer, no tanto de “las ventajas de la unidad”, como de que para conquistar esos derechos debemos derribar, juntos a este gobierno y que la única garantía de los derechos de un pueblo es la solidaridad, la lucha común de los demás evitando lo que sería una tragedia: el enfrentamiento entre los pueblos en beneficio de sus burguesías.

La necesidad de combinar las reivindicaciones democráticas con las de clase se deriva de esto, por eso proponemos una Federación Socialista de los pueblos que componen el actual Estado español, en el marco de la lucha por una Europa Socialista de los Pueblos.