Archivo digital de la revista marxista Nuevo Claridad

El pasado 27 de enero la dirección del PSOE envió a Rajoy un documento en el que le ofrece un “acuerdo político y social frente al desempleo masivo”. La justificación de esta iniciativa se basa, según Rubalcaba, en que los 6 millones de parados “certifican un estado de emergencia social”. ¿Cinco millones no eran una “emergencia social”?

                

Un año del PP

El documento pasa revista al año de Rajoy. En 2012 se han perdido 850.000 empleos. La tasa de desempleo ha alcanzado la cifra sin precedentes del 26,02%, lo que supone 6 millones de parados. El paro registrado aumentó en 426.400 trabajadores y los cotizantes a la Seguridad Social ser vieron reducidos en 787.340. El documento no entra en la discordancia de estos números pero es evidente que si el paro registrado no ha aumentado en la misma cantidad que el empleo perdido es porque una parte significativa de los inmigrantes se han tenido que volver a sus países de origen y, por otra parte, muchos jóvenes españoles se han visto obligados a convertirse en emigrantes, teniendo que buscarse las habichuelas muy lejos de sus casas. Esto supone que el paro real supera ampliamente los 6 millones.

El documento hace hincapié en que, durante 2012, por cada punto de reducción del PIB el empleo se redujo 3. Lo achaca a la reforma laboral del PP, olvidando que hay un efecto acumulativo con la anterior reforma laboral del PSOE y otras muchas anteriores.

En la misma línea argumenta que los despidos crecieron un 20% el año pasado. Los despidos judiciales lo hicieron un 10% pero los colectivos se dispararon un 55%.

En 2012 el 92,1% de los contratos fueron temporales, lo que no es más que el mantenimiento de una tendencia a la desaparición de la contratación indefinida que comenzó hace muchos años y que los gobiernos del PSOE no fueron capaces de cortar. 

Respecto a los convenios colectivos destaca que 3 millones de trabajadores han dejado de estar acogidos pasando del 70% a menos del 45% en un solo año.

Los salarios de los nuevos convenios subieron una media del 0,7% lo que supone una pérdida de poder adquisitivo del 2,2%, debido a la subida anual de los precios del 2,9%.

El documento afirma que menos convenios y menores salarios han supuesto la ruptura del diálogo social que se ha reflejado en un claro aumento de la conflictividad laboral que se ha triplicado tanto en jornadas perdidas por huelga como en número de participantes sin contar las dos huelgas generales ni la huelga de la Educación pública en mayo. Mientras entre enero y septiembre de 2011 se perdieron 300.000 jornadas de trabajo por huelgas, en el mismo periodo del año pasado, las jornadas perdidas fueron más de 800.000.

Y, el último dato del documento que merece la pena reseñar, es que el número de desempleados sin ningún tipo de prestación se ha duplicado entre 2010 y 2012, llegando a los 2 millones.

Hasta aquí tenemos un resumen global de una realidad que todos conocemos aunque sea parcialmente. A los trabajadores nos ha ido peor con el PP, vale. Pero, ¿por qué?

Pues según los dirigentes del PSOE porque el PP se ha equivocado imponiendo una política de recortes sin fin dando prioridad a la lucha contra el déficit en vez de a la lucha contra el desempleo. Pero esa no es la verdadera explicación. Aceptar esa interpretación es confundir la excusa oficial que el PP da a su política con la verdadera razón y motivación que la empuja. De hecho los recortes empezaron con el Gobierno de Zapatero, luego, si ellos mismos aceptaran realmente la premisa, el PSOE sería parte del problema. Y, de hecho, lo fue. Sin embargo, lo que las distintas actuaciones de los gobiernos del PP (en municipios, comunidades y el Estado) han venido a demostrar es que no les preocupa tanto el déficit, en la práctica muchas de las decisiones que están tomando lo aumentan, como disponer del dinero público para tapar los agujeros de las grandes empresas, empezando por los bancos, y salvar sus beneficios. 

La política del PP no es un error, es la fórmula que utiliza la clase dominante en época de crisis para defender sus intereses y sus privilegios. Así, cuando De Guindos dice que “vamos por el buen camino” tras conocerse que la economía española retrocedió el 1,4% en 2012, o cuando Rajoy afirma que “la reforma laboral está funcionando muy bien” cuando los parados superan los 6 millones, no están haciendo solo declaraciones cara a la galería, sino que están reflejando lo que quieren y lo que piensan esos 7.000 contribuyentes que declararon ganar más de 600.000 euros el año pasado. Sólo son el 0,03% de los contribuyentes, y no les ha afectado la crisis, pero el PP gobierna para ellos. El Gobierno del PP se está comportando como lo que es: el Gobierno de los ricos y para los ricos. 

A pesar del discurso liberal de alguno de sus dirigentes lo cierto es que, sin el recurso a los fondos públicos, la crisis del sistema de “libre mercado” experimentada desde 2007, habría tenido una consecuencias mucho más dramáticas. La mayoría de los bancos, no sólo las cajas de ahorro, habrían ido a la quiebra. Entre unos y otros, y sumando las ayudas recibidas tanto por las instituciones españolas como por el BCE, han parado el golpe con más de medio billón de euros puestos a su disposición. Una cantidad equivalente al 50% del PIB español. Lo mismo hubiera pasado con muchas de las grandes empresas y no sólo las de la construcción o el sector inmobiliario. Por esa razón necesitan recortar el gasto social todo lo posible, todo lo que les dejemos, para disponer de la mayor parte de los recursos estatales para respaldar a sus empresas. El recorte del gasto público social es parte de su fórmula para salir de la crisis. La otra parte es el despido masivo y el recorte de los salarios, así como de los derechos adquiridos de los trabajadores. Con ambos mecanismos, el recorte directo del salario y el recorte indirecto o social, lo que consigue la burguesía es provocar un trasvase masivo de riqueza de los trabajadores a quienes detentan la propiedad de los grandes medios de producción. Es así como luchan por recuperar la rentabilidad de sus inversiones y competir en un mercado internacional en el que todos los bloques dominantes están haciendo lo mismo. Es una lucha feroz en la que los parados o los desahuciados son “daños colaterales” que no les quitan el sueño.

Nuevo Modelo Productivo

En ese contexto la dirección del PSOE propone un “acuerdo político y social” frente al desempleo masivo. La propuesta se basa en recuperar, como dice el título del documento, “un marco de diálogo y concertación política y social”. Es decir, nos recetan un NUEVO PACTO SOCIAL con quienes no son capaces de ofrecer un puesto de trabajo a 6 millones de parados, con quienes están recortando salarios, servicios públicos, pensiones, subsidios de desempleo… como el medio mágico para solucionar todos estos problemas. De entrada suena tan difícil como convencer a un león de que no coma carne pero vamos a ver en qué consiste la propuesta.

El objetivo de este acuerdo es implantar un “NUEVO MODELO PRODUCTIVO”. Este nuevo modelo se caracterizaría por utilizar el capital excedente en el sector inmobiliario en levantar un sector productivo más competitivo y con empresas de mayor tamaño que inviertan en I+D+i. Que la competencia sea más efectiva pues en sectores claves es insuficiente. Que se luche contra el fraude fiscal e ir hacia entidades financieras más grandes. Mantener el modelo de bienestar social y el sistema público de pensiones. Defender la naturaleza pública del sistema sanitario racionalizando el gasto por consenso y una política de rentas pactada de amplio alcance. Las medidas que propone para implantar este modelo son: a corto plazo, diversas formas de apoyo a las empresas para que creen empleo. Y, a medio plazo, potenciar la formación profesional, un contrato de aprendizaje de dos o tres años con el SMI y un contrato de prácticas de un año que será subvencionado entre un 50 y un 75% al empresario.

Vamos por partes. El capital busca los sectores que más rendimiento le den. Cuando confluyen en uno o más sectores se forman las burbujas especulativas y, cuando estas estallan, el capital busca otra fuente de rentabilidad y si no encuentra una que garantice un beneficio suficiente, se paraliza esperando mejor ocasión. Eso ha pasado en 2012 con un retroceso en la formación bruta de capital del 8,5%. La crisis es, en primer lugar, una crisis de inversión. No es que no haya necesidades sociales que cubrir, sino que el capital en manos privadas sólo se mueve ante la expectativa de un beneficio determinado. Bajo el sistema de libre mercado no se puede planificar socialmente donde se invierte. Es una prerrogativa del patrón. Sólo se podría hacer, aunque fuese parcialmente, si el gobierno de turno dispusiese de una banca pública potente que podría decidir cuándo, dónde y cuánto se invierte.

Es la dinámica del propio sistema ir a empresas de mayor tamaño y es precisamente la competencia el mecanismo que lo impulsa. El pez grande se come al chico. En el caso español este proceso se ha visto acelerado por las privatizaciones que han permitido pasar de monopolios u oligopolios públicos a oligopolios privados que dictan normas, precios y la política del gobierno. Pero, ¿la solución es más competencia (es difícil concebir a pequeñas empresas compitiendo con Telefónica, Repsol, Endesa…) o por el contrario a lo que deberíamos aspirar es a recuperar el control público de esos recursos?

En un contexto en el que los servicios públicos están en peligro defender que hay que mantener el bienestar social y el sistema público de pensiones parece loable aunque parecen olvidar que con leyes como la 15/97 fueron ellos quienes abrieron la puerta a las privatizaciones de sectores como la Sanidad. No se puede caer en la idealización del pasado, de lo que teníamos ni de cómo se consiguió. Los trabajadores necesitamos que se mantenga el sistema público de pensiones pero también sabemos que es un sistema manifiestamente mejorable. Y lo mismo se podría decir de los servicios sociales, de la educación o, incluso, de la sanidad. También sabemos que todo eso se consiguió a través de la lucha y no de acuerdos con los que pretenden hacer negocio hasta con la salud y el agua. 

En cuanto a las medidas que se proponen para implantar el nuevo modelo productivo tienen aún menos alcance que los objetivos. Si las empresas han demostrado su incapacidad de crear empleo digno para todos a pesar de la catarata de incentivos y ayudas con las que han contado durante décadas, ¿qué nos puede hacer creer que ahora sí lo van a hacer? ¿Hasta cuándo pueden esperar los 6 millones de parados? Es urgente un plan de creación de empleo público. Es absurdo que mientras hay millones de necesidades sociales e individuales sin resolver tengamos a millones de personas a las que no se les permite trabajar. La juventud no se puede sentir muy entusiasmada ni ver la luz al final del túnel con los contratos de aprendizaje y prácticas que se propone.

En definitiva, con esta propuesta la dirección del PSOE da la impresión de que está pensando más en cómo reforzar su propia organización en crisis más que en solucionar los problemas de la clase trabajadora del Estado español.

Ofrecen un pacto al PP. Si acepta, bien, porque la iniciativa a sido suya y están convencidos de que les favorecerá mientras el PP se sigue desgastando por la crisis al frente del gobierno. Si no acepta, también bien, porque el PSOE aparece como el que ofrece una alternativa, respaldado por los dirigentes sindicales que están pidiendo un “Plan Marshall para Europa”, y que les pueden ayudar a que muchos trabajadores olviden la actuación desastrosa de sus dirigentes en el gobierno, mientras el PP aparece como cavernícolas que no aceptan el diálogo.

No con el PP

IU debería responder que si la dirección del PSOE está dispuesta a anular todos los despidos que se han producido en el sector público desde que comenzó la crisis; anular las dos últimas reformas laborales cuyo efecto ya se ha comprobado en la práctica; a lanzar un plan de inversión pública masivo para crear empleo garantizando que toda persona tenga trabajo o un subsidio de desempleo indefinido (renta básica mínima); no dar ni un duro más a la banca privada mientras no sea auditada y se pueda discernir qué deuda es asumible y cual es ilegítima; recuperar el nivel de gasto social en todas las administraciones de 2007 y parar en seco todas las privatizaciones; imponer por ley la dación en pago y convertir todas las viviendas en manos de la banca en un parque público de viviendas en alquiler social… si la dirección del PSOE está dispuesta a luchar por estos puntos, para nosotros irrenunciables, entonces, y sólo entonces, podremos empezar a hablar de un acuerdo para luchar contra el desempleo masivo. Pero no con el PP. El “todos de acuerdo para salvar el país” es una trampa envenenada pues no sólo contribuye a ocultar el papel antisocial y reaccionario de su política sino que, además, le ayuda a presentarse como parte de la alternativa cuando es el problema. Es un error pensar que se puede llegar a acuerdos con el PP para solucionar el drama del desempleo. No cabe el pacto, y menos aún pensar en un acuerdo con los “recortadores” del que puedan salir beneficiados los trabajadores: o los derrotamos o nos derrotan, no hay más alternativa. El único acuerdo posible que puede generar una verdadera alternativa política es constituir un frente con los sindicatos para organizar la lucha con el objetivo de derribar a este gobierno.

El documento de la dirección del PSOE destripa la gestión del Gobierno de Rajoy en 2012 pero sus conclusiones sólo nos llevan a añorar un pasado idealizado que, además, no puede volver. La alternativa que nos ofrece no es nueva y ya ha fracasado. El pacto social y la subvención a manos llenas a los empresarios “para que creen empleo”; es la cantinela de siempre. Ese es el camino que nos ha llevado a los 6 millones de parados.

La política económica del PP es, en esencia, la misma que hizo Rubalcaba pero de mayor intensidad, por tanto el PSOE no sólo debe rechazar la política del gobierno del PP sino la de su anterior gobierno, la carencia de esa autocrítica invalida cualquier propuesta del PSOE.

Ante la barbarie que la patronal, el gobierno del PP, y todas las instituciones a su servicio, nos está imponiendo, la dirección del PSOE nos propone una vuelta al pasado. Pero el futuro por el que merece la pena luchar no consiste en la vuelta a un pasado imperfecto sino que, partiendo de las lecciones del pasado, construyamos un futuro que mejore todo lo vivido.